Los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga que mantienen desde hace cinco meses con la que reivindicaban un aumento de 250 euros en el complemento específico salarial. El colectivo tomó la decisión tras conseguir un acuerdo con todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que llevarán a los Presupuestos Generales del Estado una enmienda para que se haga efectiva esta subida.

Fue Joaquín Jiménez, el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), el que anunció la desconvocatoria, escoltado por todo los portavoces de los grupos de la oposición en la comisión de Seguridad Vial. Según Pablo Bellido, diputado del PSOE, la inclusión del complemento específico acarreará un gasto de 2,75 millones de euros. El complemento específico tiene un importe de 214 euros mensuales (250 euros repartidos en 14 pagas) y fue comprometido en 2015, precisamente, tras otra huelga. Estas cifras que están lejos de las pérdidas que ha ocasionado este conflicto: 90 millones de euros para las autoescuelas (y el cierre de más de 130 centros), 4.225 euros para cada examinador que ha hecho huelga y 1,8 millones de euros para el Estado en tasas por los más de 210.000 exámenes suspendidos.

“Pedimos disculpas”, dijo Jiménez para referirse al “conflicto más largo de la administración”. A pesar de recalcar el verbo “desconvocar” hizo hincapié en que los examinadores estarán atentos: “El compromiso será definitivo cuando el complemento específico quede reflejado en nuestras nóminas”. Desde Tráfico han evitado hacer declaraciones tras una solución que ha llegado por fuera de la mesa que compartían con los examinadores. El organismo ha negado en los últimos meses tener competencia para aprobar esta subida y afirmó haber trasladado la petición a Función Pública, a quien sí considera competente.

Un frustrado “acercamiento de posturas”

Noviembre ha sido un mes de idas y venidas en este conflicto. El 14 de noviembre, Tráfico y el Comité de Huelga se reunieron por primera vez desde agosto. Ambas partes reconocieron un “acercamiento de posturas” que resultó ser un espejismo. Los examinadores rechazaron en bloque la propuesta de la DGT que incluía mejoras salariales en forma de horas extra. Gregorio Serrano anunció entonces que impondría el 50% de servicios mínimos si la huelga se prolongaba en diciembre y cerró definitivamente la puerta, si es que todavía estaba abierta, a la subida del complemento específico: “No vamos a pagar más por trabajar menos”. Los examinadores redoblaron el pulso registrando la documentación pertinente para ampliar los paros este mes.

El colectivo llevó presentó un recurso el pasado martes en la Audiencia Nacional por los servicios mínimos, al considerarlos “ilegales” por considerar que no prestan “un servicio esencial”. Éste fue rechazado. El último encontronazo tuvo lugar este miércoles en el Pleno del Senado, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, subrayó que el Gobierno se ha preocupado “mucho” en ofrecer mejoras económicas y profesionales para los examinadores de tráfico, pero añadió, aludiendo al colectivo examinador en huelga: “Hay quien no está poniendo absolutamente nada de su parte”.

“Esta última intervención estuvo a punto de hacernos recular”, confesaba Jiménez (Asextra) cuestionado por este diario. Finalmente, en la balanza ha pesado más el compromiso de la oposición para “alcanzar los acuerdos necesarios o impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018”. Por delante, un largo embudo que desatascar, que Jiménez ha sido incapaz de cuantificar. Las autoescuelas reconocen que están recibiendo citas para febrero y que la situación tardará meses en regularse.

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