La medida es de gran impacto pero está anunciada con tanta antelación que el Gobierno considera que el mundo del automóvil dispondrá del tiempo prudencial necesario para adaptarse sin que se resienta el empleo. Además, la intención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es abrir un proceso de participación con comunidades autónomas, municipios, grupos parlamentarios en el que también intervendrán los sectores industriales implicados. El objetivo es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley con “el mayor consenso posible” y lo remita al Congreso antes de finalizar el año.

El acuerdo de París

La prohibición de la matriculación obedece a la necesidad de que 10 años más tarde, en el 2050, no circule por España ningún turismo o furgoneta que emita CO2, en congruencia con el acuerdo de la cumbre de París contra el cambio climático. Este pacto, sellado en el 2015, prevé cero emisiones en la segunda mitad de siglo para evitar que el aumento de temperaturas en el planeta supere los dos grados centígrados.

El Gobierno no prohibirá la circulación de vehículos de combustión en esa fecha, pero los ayuntamientos y comunidades autónomas sí podrán hacerlo.

En el 2030 habrá que contar ya con una cuota importante de vehículos “de con nulas o bajas emisiones” pero el borrador de la ley no la especifica. Esto se establecerá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que estará listo a primeros de diciembre.

La ley pone en el punto de mira las emisiones del transporte, según el ministerio, porque éstas no han dejado de crecer en toda Europa en los últimos años pese a lo contemplado en los pactos para contener el cambio climático.

Puntos de recarga en las gasolineras

En el terreno de la movilidad la propuesta de ley del Gobierno contempla varias medidas a más corto plazo. Para facilitar la expansión del vehículo eléctrico, por ejemplo, todas las gasolineras estarán obligadas a instalar puntos de recarga. Los plazos se establecerán en función de su volumen de ventas. A mayor dimensión más pronto deberán contar con ellos.

70% de renovables en el 2030

La parte central de la nueva norma fija como objetivo que el sistema eléctrico cuente con un mínimo del 70% de generación a partir de energías renovables. Todo un reto nada fácil de alcanzar dado el parón que han supuesto los seis años del Gobierno del PP. La ley prevé que para lograrlo va a ser necesario “impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia al año” a partir del 2020. El  equivalente a construir anualmente tres reactores nucleares como los de central de Ascó.

En el papel de la energía nuclear en este revolucionario futuro no forma parte de la ley. Se determinará también en en el citado plan de Energía y Clima. Ahí se verá si se opta por prolongar la vida útil de algunas centrales o se mantiene la promesa electoral del PSOE de cerralas todas cuando cumplan 40 años.

Eliminar el 37% de las emisiones en 10 años

Con todo este esfuerzo se deberá reducir un 20% las emisiones de C02 respecto a la cifra del año 1990. Todo un reto también. Las emisiones están actualmente un 17% por encima de esa cifra. Eso significa que de aquí al 2030 una de cada tres toneladas de dióxido de carbono que España lanza a la atmósfera debe ser eliminada. Es un porcentaje un 20% más ambicioso que el exigido por la Unión Europea y se deriva del reciente informe de la ONU que lanzó la alerta sobre el retraso en la adopción medidas para evitar la subida de las temperaturas.

De modo más inmediato aún, nada más entrar la ley en vigor, en solo unos meses, no se otorgarán ya nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración ni explotación de hidrocarburos, ni en tierra ni las aguas territoriales españolas. El frácking también quedará vetado. Y todas las explotaciones con prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 2040.

Revisión del régimen fiscal

Tampoco se podrán crear “nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles (diesél, gasolina y gas)  y además “se revisará el régimen fiscal” a que están siendo sometidos con el objetivo de retirar de “modo progresivo todas las ayudas y medidas que favorezcan su consumo”. Aquí la ley no va más allá, aunque está claro que la subida de impuestos al diésel para empezar a equipararlo con la gasolina, prevista para el próximo año,  será una de las retiradas progresivas de ayudas.

El Gobierno estará obligado por la ley a que el 20% de los Presupuestos Generales del Estado estén orientados a políticas que generen un impacto climático positivo.

Las empresas cotizadas estarán obligadas se aprobar un informe de riesgo climático como recientemente ha aprobado Francia a través del conocido artículo 173. Las sociedades con un alto uso de la energía, como Alcoa, verán récogidas sus necesidades especiales en un Estatuto de la Industria Electrointensiva.